Una cita que reunió a representantes del Gobierno, empresas tecnológicas, organizaciones de defensa de la infancia y expertos jurídicos y técnicos, y que puso de manifiesto la complejidad —y urgencia— de un reto colectivo.

Un reto que no espera

Durante la apertura institucional, el vicedecano del COIT, Juan Carlos López, puso algunas cifras sobre la mesa, reflejo del panorama actual y de los desafíos que plantea el uso de la tecnología por parte de los menores. El acceso temprano a la tecnología en la generación de los nativos digitales y la necesidad de educar y proteger a estos son dos aspectos fundamentales. “El conocimiento y la ética son dos caras de la misma moneda”, expresó el vicedecano en su intervención.

Dejamos aquí algunos datos recientes que ayudan a dimensionar la magnitud del reto:

• En España, la edad media de acceso al primer móvil es de 12 años, pero solo el 22% de los padres considera que sea una edad adecuada.
• Según el informe ‘Infancia y Adolescencia en Entornos Digitales’ (Fundación Orange & Save the Children), los adolescentes se enfrentan a situaciones como:
  • Ver noticias o vídeos falsos (58%).
  • Recibir mensajes de desconocidos (49%).
  • Acceder a contenidos inapropiados (27%).
• Además, casi la mitad admite no saber cómo reaccionar ante situaciones de violencia digital.
• Los menores pasan de media 4 horas al día frente a pantallas, siendo TikTok la red más utilizada. Uno de cada cinco adolescentes dedica más de dos horas diarias solo a esa plataforma.

Regulación, innovación y corresponsabilidad

El evento tuvo lugar apenas un día después de la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Menores en Entornos Digitales, que eleva la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales a los 16 años, obliga a implementar verificadores de edad y controles parentales por defecto, y se apoya en las 107 recomendaciones del Comité de Expertos de Juventud e Infancia.

Durante su intervención, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, afirmó que esta normativa no pretende frenar la innovación, sino que debe asumirse como un ejercicio de responsabilidad social. Recalcó además que la ley no solo va dirigida a las plataformas, sino también a las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, y que el gran reto es establecer sistemas de verificación de edad eficaces y garantistas.

Tecnología con propósito: el papel de la ingeniería

Juan Carlos López subrayó que el papel de los ingenieros de telecomunicación es esencial para garantizar que las tecnologías que usamos a diario integren, desde su diseño, medidas de seguridad, privacidad y protección de los menores.

Los derechos de la infancia en el entorno digital

En su conferencia, Ignacio Guadix, de UNICEF España, recordó que los derechos de la infancia no cambian por el hecho de estar en internet, aunque sí requieren nuevas formas de expresarse y protegerse. Según un estudio realizado en 2021 por la organización, un tercio de los menores que se conectan más de cinco horas al día presenta menor interacción social y menor satisfacción vital.

Las tres grandes áreas de riesgo señaladas por UNICEF fueron:

1. La salud mental.
2. El acceso a contenidos peligrosos.
3. La falta de competencias digitales para afrontar situaciones adversas.

Una mesa redonda con perspectivas complementarias

Moderada por José Antonio Portilla, miembro de la Junta de Gobierno del COIT, coordinador del Grupo de Trabajo 'Regulación y Políticas de Telecomunicación' y director de la Cátedra ISDEFE-UAH en TIC e IA, la mesa-debate reunió a representantes de grandes plataformas, asociaciones empresariales y el ámbito legal:

• Google, a través de Miguel Escassi, habló de sus pilares para un entorno digital más seguro: respetar, empoderar y proteger. También presentaron iniciativas como la eliminación de la reproducción automática y nuevas APIs para verificar la edad de los usuarios.
• DigitalES, con Miguel Sánchez, defendió la importancia de abrir espacios de debate, resaltó los avances del sector desde el lado de los operadores, y señaló que el etiquetado de contenidos y la integración de medidas en toda la cadena son clave.
• Cremades & Calvo-Sotelo, con Elena Fernández, destacó que España ya cuenta con leyes que incorporan la protección digital de los menores, aunque alertó de que no se puede estandarizar todo, ya que cada familia tiene su realidad. Reivindicó el enfoque del interés superior del menor como eje rector.

En sus conclusiones, todos coincidieron en la importancia de la corresponsabilidad: familias, educadores, empresas, instituciones y sociedad civil deben actuar conjuntamente. No hay una única solución, pero sí un consenso cada vez más amplio sobre la urgencia del problema.

Una digitalización con conciencia

Desde el COIT se recordó que esta jornada se enmarca también en el trabajo que se realiza desde la Oficina Acelera pyme Madrid, un espacio de asesoramiento a pymes, comercios y autónomos para acompañarlos en su proceso de digitalización.

Además de impulsar la adopción de nuevas herramientas, desde la oficina se promueve un enfoque ético y seguro de la tecnología, ayudando a las empresas a cumplir con los marcos normativos y a generar entornos digitales responsables.

Porque, como se insistió durante la jornada, la digitalización no puede avanzar sin conciencia ni responsabilidad, y proteger a la infancia en el entorno digital es una prioridad que interpela a todos.